Flora Miranda: «La Ley de Obras Públicas es un ejemplo de una legislación comprometida que reitera el compromiso de la 4T con quienes votaron por nosotros»
La Nueva Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa es un logró que viene a patentizar nuestro compromiso con los ciudadanos sinaloenses para decirle a la sociedad que no se equivocaron al momento de votar por quienes llegamos con la Cuarta Transformación, y que juntos podemos seguir haciendo mucho más por el bien de Sinaloa, afirmó la diputada Flora Miranda.
La presidenta de la Comisión de Obras Públicas en el Congreso del Estado explicó que «desde que llegué al Congreso hice el compromiso de legislar en bien de la sociedad sinaloense y estamos haciendo todo el esfuerzo por transparentar todo lo que tiene que ver con recursos públicos, por eso es que las reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas, que recién entró en vigor, es un logro de la sociedad, que se concreta en el poder legislativo.
Desde la Comisión de Comunicación y Obras Públicas en el Congreso de Sinaloa, la cual presido, impulsamos una serie de consultas y debates entre las fuerzas productivas relacionadas con el tema y llevamos ante el pleno un documento que se aprobó por unanimidad, lo que le da más valor, pues se logró el consenso.
Estas modificaciones a la Ley de Obras Públicas marcarán una pauta en el combate a la corrupción, pues se tendrá la oportunidad de tener licitaciones transparentes que pondrá fin a moches y a la discrecionalidad en la asignación de recursos.
Este logro es como decirle a la sociedad que trabajamos para ellos, que nuestro movimiento no avala al pasado y que no se equivocaron al momento de votar por quienes llegamos con la Cuarta Transformación, y que juntos podemos seguir haciendo mucho más por el bien de Sinaloa.
Explicó también que mediante el Decreto Número 456, esta legislatura aprobó el 11 de junio
un conjunto de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
Ese decreto publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 108 el 07 de Septiembre, clarifica que el programa anual de obra pública se contenga en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que se presente al Congreso del Estado y además precise la inversión, el lugar, el origen de los recursos de la misma, así como el plazo previsto
para su ejecución.
Ordena que las dependencias y entidades den preferencia a las micros, pequeñas y medianas empresas, localizadas en el estado.
Incluye en la integración del comité de obras a tres ciudadanos propuestos por asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas, por las organizaciones estatales del transporte de mayor representación en el Estado de Sinaloa, debidamente acreditadas y que este proceso de selección estará a cargo del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupcion.
Establece que los testigos sociales se nombren por los Órganos Internos de Control de cada dependencia, a través de un proceso público y transparente en el que se pondere su reconocimiento público, honestidad, independencia y carácter ciudadano.
Obliga la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas y adjudicaciones directas de obras públicas, con independencia de la inversión y precisa que los testigos sociales emitan su testimonio con validez vinculatoria.
Se ordenó en el artículo cuarto transitorio de este decreto que a partir de
su entrada en vigor las instituciones actualicen su normativa interna, así
como integrar sus comités de obra pública y servicios relacionados con las
mismas en un plazo máximo de sesenta días hábiles.
Y en el artículo quinto transitorio se dispuso que los órganos internos de control de las instituciones tendrían un plazo de noventa días para crear el padrón de testigos sociales en función de la cantidad de obras a ejecutarse.
En relación a estas disposiciones transitorias, el congreso recibió de parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la petición de ampliar los plazos previstos en ella, e incluir algunas previsiones.
Para atender esa petición, quienes integramos la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas elaboramos la iniciativa que hoy se dictamina para establecer en el primer caso que las instituciones actualicen sus normas internas, así como integrar sus comités de obra
pública y servicios más tardar el 31 de diciembre de 2020, con las siguientes previsiones:
Que en tanto se designan los tres ciudadanos por parte del Comité de Participación Ciudadana y en consecuencia se integren e instalen los Comités de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas conforme a lafecha que se actualiza, continuarán funcionando los Comités actuales con la estructura y organización que cuentan.
Y que en caso de que para el procedimiento de convocatoria de designación de las tres ciudadanas o ciudadanos que conformarán cada uno de los Comités de Obras, no hubiera participación alguna de los gremios y organizaciones previstos en la ley, por única ocasión el Comité de Participación Ciudadana les solicitará de nueva cuenta mediante oficio a las instituciones que designen a quienes enviarán para integrar los Comités de las instituciones respectivas.
Se prevé en ese sentido, que una vez que los gremios envíen las personas propuestas, igualmente, por única ocasión, el Comité de Participación Ciudadana los designará directamente para integrar a los Comités de las Instituciones que correspondan, disponiéndose para tal efecto que los órganos internos de control de las instituciones, emitan lineamientos o reglas procedimentales para los efectos de la acreditación de las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas y organizaciones estatales del transporte de mayor representación.
En el caso del artículo quinto transitorio, al plazo de 90 días para crear el padrón de testigos sociales, se adicionan las siguientes disposiciones: Que en caso de que el procedimiento de selección de los testigos sociales sea declarado desierto porque no hubo poder de convocatoria y por lo tanto no pueda ser integrado el padrón dentro del plazo de los 90 días o bien si aún conformado no se logran cubrir la totalidad de las obras a ejecutar con los que están registrados, los Comités podrán realizar sus procedimientos de licitación sin testigos sociales hasta en tanto en convocatorias subsecuentes se registran más testigos en los padrones, atento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 40 de la Ley.
Lo anterior a efecto de permitir la operatividad del ejercicio presupuestal
de la inversión debidamente programada.
Con estas adecuaciones, quienes integramos la Comisión de Obras Públicas ampliamos el propósito fortalecer los mecanismos de transparencia en la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y la rendición de cuentas, generando con ello certidumbre sobre la acción gubernamental, razones
que sustentaron las reformas que aprobamos el once de junio y por las cuales solicitamos a este pleno su voto a favor del presente dictamen…
Al margen de la Ley NADA, POR ENCIMA de la Ley NADIE. Escuinapa, Angostura y Navolato: estos tres municipios no respetan la Ley actual que entro en vigor a partir del 8 de Septiembre del presente año. Citando artículos derogados en sus convocatorias, quedando sujetos a posibles impugnaciones.
NO MÁS OBRAS QUE HUELAN A CORRUPCIÓN
El ejemplo más claro que manejo para hacer una analogía de lo que no se debe hacer con el recurso público es el dren San Joachín en Guasave, en donde se han tenido que volver a invertir millones de pesos como consecuencia de una mala ejecución de obra, en donde nadie se hizo responsable, ni se castigó a ningún servidor público.
Hoy, con la nueva Ley de Obras Públicas, eso no va a suceder, pues todo estará más fiscalizado.
Por eso cuando me preguntan sobre compromisos, siempre reitero que siempre hay que anteponer el interés de la comunidad, pues es como devolverles la confianza de que su voto vale.
