La sub delegada de Programas Sociales de Bienestar Social en la zona de León Fonseca fue acusada de estar haciendo campaña de proselitismo a favor de una de las candidatas a sindica de esa demarcación.
Jefes de familia de esa zona, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias informaron que Fidelia Robles Ríos es la servidora de la nación que esta apoyando abierta y públicamente a Ana Patricia Ruiz Fonseca.
Uno de los quejosos externó que la encargada de Programas Sociales, Jocelyn Hernández ha sido omisa ante estas irregularidades a pesar de que sabe que puede haber sanciones para quienes violen el reglamento, ya que los programas sociales no deben politizarse.
Explicó que no se animan a quejarse directamente porque Jocelyn Hernández cree que todo mundo le debe rendir honores y no debe ser así, “si ella realmente es servidora de la nación debe hacer respetar la ley y llamarle la atención a los servidores que están metiendo las manos y el cuerpo entero en el proceso, como es el caso de Fidelia Robles a quien todo mundo conoce y al parecer es alentada por la propia Jocelyn.
Incluso los inconformes enviaron fotos que prueban que Patricia Fonseca es acompañada en sus recoridos por Fidelia Robles, que es la subdelegada de los programas sociales.
Cabe señalar que extraoficialemte se comenta que también en Cortines se presume que Jocelyn Hernández esta interviniendo para apoyar al Dr. Fernando Henriquez, lo que se contrapone con el reglamento que establece lo que se cita en el apartado de Acciones de Blindaje Electoral que aclara que:
En la operación y ejecución de los recursos federales y proyectos sujetos a las presentes reglas de operación, se deberán observar y atender las medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes Federales y/o Locales aplicables, los acuerdos emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, por la Unidad del Abogado General y Comisionado
para la Transparencia, con la finalidad de prevenir que el uso y manejo de los recursos públicos y programas sociales se vea relacionado con fines partidistas y/o político-electorales; todo ello con la firme intención de garantizar los principios de imparcialidad y equidad durante los comicios.
